Alejandro Moreno señaló que Morena defendió a Rubén Rocha Moya pese a acusaciones graves. El presidente del PRI advierte que su salida llega solo cuando el costo político se volvió insostenible.
Durante meses, la permanencia de Rubén Rocha Moya en el gobierno de Sinaloa no fue resultado de estabilidad política, sino de una decisión sostenida desde el poder. Alejandro Moreno afirmó que Morena optó por respaldarlo incluso cuando los señalamientos en su contra ya habían alcanzado un nivel que comprometía no solo a una administración estatal, sino a la credibilidad del propio proyecto político. La salida del gobernador, señaló, no es producto de una revisión interna, sino del momento en que el costo dejó de ser manejable.
El presidente nacional del PRI sostuvo que las acusaciones provenientes de autoridades de Estados Unidos marcaron un punto de quiebre que Morena no pudo contener. Sin embargo, subrayó que la reacción del gobierno fue tardía, ya que durante todo el proceso se mantuvo una defensa política que evitó tomar decisiones oportunas. Para Alejandro Moreno, este comportamiento refleja una lógica donde la protección política pesa más que la responsabilidad institucional, incluso frente a señalamientos relacionados con narcopolíticos.
Alejandro Moreno planteó que la insistencia en sostener a Rocha Moya envió un mensaje claro: las alertas pueden ignorarse mientras el impacto político sea controlable. Esta postura, advirtió, no solo afecta a un caso específico, sino que establece un precedente peligroso en el ejercicio del poder. Cuando las decisiones no se toman en función de la legalidad o la ética pública, sino del cálculo político, el sistema comienza a perder su capacidad de responder a tiempo ante riesgos evidentes.
El líder priista también señaló que la presión social en Sinaloa fue un factor determinante que Morena no logró contener. Las manifestaciones, el descontento ciudadano y la percepción de inseguridad creciente fueron construyendo un escenario donde la permanencia del gobernador se volvió cada vez más cuestionada. Alejandro Moreno indicó que esta presión no surgió de la oposición, sino de una ciudadanía que durante años ha enfrentado condiciones de violencia y exigía respuestas claras.
A ello se sumó el impacto internacional de los señalamientos, que colocaron el caso en una dimensión que trasciende la política local. Alejandro Moreno advirtió que la imagen de México se ve afectada cuando se vincula a autoridades en funciones con dinámicas de narcopolíticos, generando dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar legalidad. En este contexto, sostuvo que Morena optó por sostener la narrativa el mayor tiempo posible, hasta que el escenario se volvió insostenible.
Finalmente, Alejandro Moreno afirmó que la salida de Rocha Moya no debe interpretarse como una solución, sino como una consecuencia tardía de decisiones equivocadas. El presidente del PRI insistió en que proteger a figuras bajo señalamientos de esta magnitud no solo agrava la crisis, sino que profundiza la desconfianza ciudadana. En ese sentido, reiteró que el país no puede normalizar la presencia de narcopolíticos en el poder ni aceptar que las decisiones se tomen únicamente cuando el costo político ya no permite sostenerlas.